En un pequeño hospital privado, en el año 2015, se produjo una negligencia médica en parto que duró más de 15 horas. Este evento causó un cambio radical en la vida de una familia, dejando al recién nacido con severos daños permanentes, resultado de decisiones médicas inapropiadas y la carencia de recursos adecuados en el centro médico.
El partograma indicaba la necesidad de una intervención urgente alrededor de las 20 horas, sin embargo, la cesárea solo se realizó entrada la madrugada, después de que se hicieran intentos fallidos con ventosas, una decisión que resultó ser demasiado tarde para prevenir el daño severo.
Como consecuencia directa de la demora, el recién nacido sufrió hipoxia severa (una falta crítica de oxígeno) que le causó múltiples discapacidades permanentes, como ceguera, sordera, y parálisis cerebral. Desde su nacimiento, ha dependido de cuidados intensivos y alimentación por medio de un botón gástrico, sufriendo además frecuentes crisis epilépticas que requieren tratamiento con dosis elevadas de medicación. La gravedad de su condición le ha llevado a recibir la primera sentencia en España que reconoce una discapacidad del 100% debido a una negligencia médica.
Lucha judicial
La familia enfrentó un largo y agotador proceso legal contra la aseguradora encargada de cubrir los daños. La mala práctica médica fue rápidamente reconocida y sentenciada por el juzgado, sin embargo, la aseguradora dilató el pago de la indemnización, complicando la situación económica y emocional de la familia. Después de varios años de litigio, el Juzgado de Primera Instancia Número 1 de Santiago de Compostela dictó una sentencia condenando a la aseguradora a pagar casi 13 millones de euros, una cifra sin precedentes en España para casos de negligencia médica.
Esta decisión no sólo alivió financieramente a la familia, sino que también estableció un precedente importante en la jurisprudencia española. La sentencia enfatizó la responsabilidad de las aseguradoras en casos de mala praxis y criticó severamente la estrategia de retrasar los pagos.
Las reticencias de la aseguradora: una estrategia cuestionable
Tras años de lucha legal y frente a la inacción de SegurCaixa Adeslas, la familia obtuvo finalmente una sentencia que obliga a la aseguradora a pagar una indemnización de 5,4 millones de euros más intereses. Esta indemnización, que asciende a más de 13 millones de euros debido a los retrasos en el pago, representa un reconocimiento judicial no solo de los daños físicos y morales sufrido., sino también de la necesidad de un cambio en la actitud de las aseguradoras, que frecuentemente demoran estas compensaciones.
Además, el comportamiento de la aseguradora durante el proceso judicial fue objeto de considerable escrutinio. A pesar de la sentencia firme que establecía la negligencia médica y la responsabilidad por los daños irreversibles al menor, la aseguradora mantuvo una postura de demora e inacción. Este enfoque fue interpretado como una táctica deliberada para agotar a la familia y posiblemente forzarla a aceptar un acuerdo menos favorable.
El tribunal, particularmente crítico con esta estrategia, condenó la lentitud de la respuesta de la aseguradora y la falta de proactividad, incluso cuando estaba plenamente informada de la gravedad de la situación desde la alta médica inicial del menor. La actitud de posponer la responsabilidad financiera en espera de circunstancias más favorables fue calificada como inhumana e injustificable por la jueza María Paz Filgueira Paz, quien destacó la necesidad de compensar completamente a las víctimas de tales negligencias.
La familia, no satisfecha con la sentencia civil, está contemplando llevar el caso a la vía penal para buscar la inhabilitación de la obstetra involucrada, subrayando la gravedad de las lesiones causadas por imprudencia profesional. Además, está previsto que el abogado de la familia, envíe una carta a los portavoces de todos los partidos políticos en el Congreso de los Diputados para abogar por un cambio en la normativa que proteja mejor a las víctimas de negligencia médica, enfatizando que no se debe permitir que las entidades aseguradoras evadan sus responsabilidades financieras tras causar daño tan significativo. Este caso subraya la importancia de la integridad médica y legal en el manejo de partos y la necesidad imperiosa de que las instituciones de salud y las aseguradoras actúen con la debida diligencia y empatía hacia las víctimas de malas prácticas médicas.