Según el Real Decreto, las Comunidades Autónomas deberán promover la instalación de desfibriladores en lugares de gran afluencia de personas como aeropuertos, estaciones de tren, estadios de fútbol o centros comerciales. La Sociedad Española de Electromedicina e Ingeniería Clínica cifró el pasado julio en 5.000 unidades el déficit de estos dispositivos en los lugares públicos.
En un comunicado, el Ministerio de Sanidad y Consumo explica que la norma «contribuirá a hacer frente con más rapidez a estas situaciones», pues hay un 90 por ciento de recuperación si la desfibrilación se produce en el primer minuto de la parada cardíaca.
En España se producen anualmente más de 24.500 paradas cardíacas extra hospitalarias, lo que equivale a una media de una cada 20 minutos y ocasiona cuatro veces más muertes que los accidentes de tráfico.
Además, alrededor del 30 por ciento de las personas que sufren un infarto agudo de miocardio fallecen antes de ser atendidos en un hospital.
Antes de su instalación, las entidades públicas o privadas y los particulares que deseen contar con un desfibrilador deberán notificarlo a la Comunidad Autónoma correspondiente, que -entre otros cometidos- supervisará la existencia de dispositivos de conexión inmediata con los servicios regionales de emergencias y el sistema de notificación posterior.
Las Comunidades Autónomas serán también las encargadas de proporcionar la formación necesaria para la resucitación cardiovascular y de establecer los mecanismos de inspección y control oportunos para garantizar el cumplimiento del Real Decreto.
La norma se enmarca en la Estrategia de Cardiopatía Isquémica del Sistema Nacional de Salud y su proyecto fue presentado el pasado junio a las comunidades autónomas.
