El Ministerio de Sanidad busca de forma urgente y casi a la desesperada alrededor de 2.000 millones de euros adicionales para este mismo año. Es el ahorro extra que algunos de sus altos cargos, encabezados por Trinidad Jiménez, están poniendo estos días de forma oficiosa sobre la mesa de los principales agentes del sector para rescatar al Sistema Nacional de Salud (SNS) de la práctica bancarrota en la que se encuentra sumido, y garantizar, aunque sea a corto plazo, su sostenibilidad. Con esta cantidad el Ministerio pretende matar dos pájaros de un tiro y aplacar también las iras de las autonomías.
La mayoría exige desde hace meses fondos extra para poder sortear con ellos a partir del verano graves problemas y pagos antaño elementales y hoy casi imposibles por culpa de la crisis como los de los proveedores de productos y tecnologías sanitarias, o los de las farmacias por las medicinas dispensadas.
PESIMISMO ECONÓMICO
El «sudoku», sin embargo, no es fácil de rematar: el departamento que dirige Jiménez ha cifrado en esos 2.000 millones la cantidad necesaria aproximada para sacar a la Sanidad del atolladero, pero se resiste al mismo tiempo a dejarse arrastrar por el pesimismo económico que embarga incluso a los consejeros de Sanidad socialistas, y quiere renunciar a medidas impopulares y a recortes drásticos que le pongan en contra a colectivos importantes como los farmacéuticos, los distribuidores o los laboratorios farmacéuticos.
De momento, la ministra ha dejado claro que no habrá un aumento del copago, lo que descarta la posibilidad de obtener ahorros por la vía de la demanda de servicios sanitarios. Bajo esta premisa, al Gobierno se le cierran la mitad de las puertas del ahorro y de la disuasión del gasto, por lo que sólo le queda actuar desde el lado de la oferta sanitaria, aunque el margen de maniobra que tiene es muy reducido, por carecer de competencias y por la propia estructura del gasto en España. De cada euro que se destina a la Sanidad en nuestro país, aproximadamente la mitad, 50 céntimos, va dirigido al pago de las nóminas de los trabajadores.
Fuentes del Ministerio aseguran a este periódico que lo máximo que hará el departamento de Trinidad Jiménez en este terreno es «recomendar» a los servicios de salud autonómicos la congelación de los salarios de los sanitarios, algo que ya figuraba en el primer borrador de pacto de Estado que elaboró el Ministerio y que tantas críticas provocó en las comunidades.
Descartada la posibilidad de ahorro por esta vía, al Gobierno sólo le queda ahorrar en inversiones nuevas o de reposición, y en farmacia. La competencia de las primeras pertenece a las autonomías, y no es probable que ninguna de ellas acepte meter la tijera en esta parcela a un año vista de las próximas elecciones municipales y autonómicas. El frente más caliente, y en donde Sanidad sí cuenta con herramientas de recorte de gasto, es el de la farmacia, que acapara alrededor de un cuarto del gasto sanitario total.
CARNE EN EL ASADOR
Fuentes sanitarias aseguran a LA RAZÓN que es en este frente en el que el Ministerio está poniendo toda la carne en el asador. De entrada, el departamento de Trinidad Jiménez contempla incluir dentro de esos 2.000 millones extra que se estiman como necesarios medidas de ahorro que ya están en marcha como el decreto de precios de referencia de las medicinas –este año reportará a las arcas públicas alrededor de 350 millones de ahorro después de la inclusión de la atorvastatina en la bajada–, el decreto 5/2000, que afecta a las farmacias, o las medidas de promoción de la I+D+i que ha desplegado la industria.
Aunque no está estimada oficialmente, y diverge en función del agente que la detalle, el ahorro real que se obtendrá con todas estas medidas podría superar este año los 700 millones de euros. El resto, hasta alcanzar los 2.000, configura el gran quebradero de cabeza de Sanidad en su lucha por nutrir de fondos a las autonomías sin dañar al sector.
De momento, no hay decisión final al respecto, y los altos cargos ministeriales han puesto sobre la mesa de los agentes del sector un abanico de propuestas oficiosas que van desde la generalización de la prescripción por principio activo que se practica en Andalucía, hasta el recorte de márgenes para distribuidores, farmacias y laboratorios, e incluso pactos de renuncia expresa a reclamaciones judiciales en busca de cuantiosos intereses de demora en caso de retraso en los pagos por parte de las administraciones públicas.
Las últimas declaraciones del Ministerio de Sanidad, en las que descartan la posibilidad de que el margen comercial que obtienen las farmacias vaya a sufrir bajadas, reduce los sujetos susceptibles de padecer recortes a tan sólo dos agentes.